Tras casi dos años de negociaciones, los ministros comunitarios de Agricultura llegaron a un acuerdo sobre la reforma de la Política Agraria Común, sin los votos de Alemania y Reino Unido. Este compromiso fue ratificado ayer, con ligeras modificaciones por el llamado trílogo, formado por Consejo, Comisión y Parlamento. Para su aprobación definitiva solo falta el visto bueno de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y del Pleno de esa institución en julio. El retraso en las negociaciones ha supuesto que su entrada en vigor no sea en 2014 sino para el otoño de 2015.
Para el ministro español de Agricultura Miguel Arias Cañete, con esta reforma se logra una estabilidad y continuidad en las ayudas para el sector agrario y se asegura su viabilidad para los próximos años. A partir de la aprobación definitiva de la reforma, Agricultura y las comunidades autónomas deberán negociar las condiciones para su aplicación. En contra de la posición defendida por algunos gobiernos regionales, el Tribunal Constitucional ha dictaminado que la aplicación de la PAC es una política estatal.
En el conjunto de la reforma por la que se cambia un modelo de pagos por derechos históricos a otro basado en pagos por superficie, para los intereses del sector español había tres puntos claves: mantenimiento de los fondos, fijar un techo de superficies con derecho a pagos y evitar una convergencia total de ayudas por hectárea en base a la gran diversidad del territorio español. El objetivo de Arias Cañete era evitar trasvases de fondos entre territorios, sectores y explotaciones.
En las negociaciones presupuestarias, España logró una asignación para pagos directos igual a la que percibe en la actualidad, 35.705 millones, junto a 8.291 millones para desarrollo rural y otros 3.000 para medidas de mercado. España consiguió la posibilidad de fijar solo en 22,4 millones de hectáreas las superficies con derecho a percibir ayudas, una cifra igual a las solicitudes de 2011, lo que permite mantener un nivel elevado de pagos, hoy en una media de 229 euros por hectárea. La fijación de un techo en 38 millones de hectáreas habría supuesto bajar la ayuda media a 126 euros.
España ha logrado que la convergencia de ayudas en un país hacia la media nacional no sea 2019 y, sobre todo, que no haya una ayuda igual para todas las superficies, dada la gran diversidad del sector y las grandes diferencias actuales en los pagos. La convergencia de ayudas que contempla la reforma supone que la ayuda mínima en una región o país no debe ser inferior al 60% de la media. Agricultura tiene previsto dividir el territorio en unas 40 regiones con producciones o condiciones similares y solo en ese espacio acometer la convergencia. De acuerdo en ese planteamiento, se podía determinar como una región el olivar de secano con unos determinados rendimientos, aunque los mismos pertenecieran a diferentes comunidades autónomas, el olivar intensivo de regadío, los regadíos de cereales, los prados, la dehesa, etc.. Nunca habrá una convergencia de pagos entre superficies o cultivos que en la actualidad perciben pagos dispares que pueden ir de los 3000 euros en el caso del tabaco, a los 100 euros por una hectárea de secano en Aragón.
Ese proceso no afectará a los agricultores cono menos de 1250 euros de ayuda y tampoco a los ganaderos con pagos acoplados que suponen el 13% de las ayudas. Para el 1% de los actuales beneficiarios de las ayudas con pagos muy importantes se aplicará una cláusula por la que la reducción de sus ayudas actuales no pueda ser superior al 30%.
Entre otros aspectos más concretos de la reforma se podían destacar los siguientes:
Política verde o greening. Se mantiene que para la misma se destine el 30% del sobre asignado a un país, pero que ese porcentaje se aplique en el ámbito de la explotación. España ha logrado que ya sean considerados como política verde para acceder a esas ayudas los cultivos permanentes donde se incluyen 2,5 millones de hectáreas de olivar, casi un millón de viñedo, 0,7 millones de hectáreas de frutos secos, 0,3 millones hectáreas de cítricos o los 0,25 millones de hectáreas de otros frutales. El greening se aplicará solamente a partir de las explotaciones con 10 hectáreas frente a las tres hectáreas planteadas inicialmente por la Comisión y se exigirán solo rotar con dos cultivos en explotaciones de hasta las 30 hectáreas. A partir de las 30 hectáreas se exigirá rotación sobre tres cultivos. La superficie dedicada a interés ecológico pasa del 7% al 5%.
Modulación. Hay un cambio importante frente a la situación actual que contempla un ajuste del 10% para pagos entre los 5.000 y los 300.000 euros. Con la reforma solo se aplicará una modulación por definir a partir de los 150.000 euros y se dejará libertad a cada país para decidir a partir de los 300.000 euros.
Cuotas. Ha sido una de las batallas de la Administración. Con las negociaciones, la reforma amplía hasta 2017, en lugar del 2015, el mantenimiento de las cuotas azucareras. El sector reclamaba cuotas hasta 2020 para evitar la desaparición del cultivo.
En viñedo, los derechos de plantación se sustituirán por una autorización de nuevas plantaciones que se deberán decidir cada año. Se plantea que esas autorizaciones sean de hasta el 1% anual sobre la superficie del sector.
En leche no se ha logrado un compromiso sobre la prórroga de cuotas más allá de 2015, pero Bruselas se compromete a analizar la situación del sector para otoño
Mercados. Una de cal y otra de arena. Bruselas se mantiene reacia a nuevos desarrollos en materia de políticas de regulación o intervención en los mercados. Se contempla un aumento del 21% en el precio para desencadenar la intervención en carne de vacuno; se abrirá la intervención pública para el trigo duro, de escaso interés para España; se han mejorado los precios de entrada en el sector de frutas y hortalizas, que se han quedado sin embargo sin acceder globalmente a las ayudas directas y en el aceite de oliva no se han revisado los precios para el inicio de las políticas de almacenamiento privado.
Trasvase entre pilares. Se contempla la posibilidad en cada Estado de una transferencia de fondos de hasta un 25 % desde el segundo pilar o desarrollo rural al primer pilar o ayudas directas y de hasta un 156% en dirección contraria.
Ayudas acopladas. Las mismas podrán llegar hasta un 13% del sobre y un 2% más si ese porcentaje se destina a la promoción de cultivos proteaginosos Se trata de unos fondos que actualmente van, sobre todo, a las producciones ganaderas con problemas, especialmente de vacuno y ovino extensivo.
Desarrollo rural. España ha logrado que sean compatibles programas de desarrollo rural con los programas regionales. La cofinanciación para las regiones menos desarrolladas y las regiones en transición como Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia serán de hasta el 85% y del 63% para Murcia.
Regadíos. Se ha logrado que haya financiación para las inversiones que supongan un ahorro del 5% de agua frente al 25% que se pedía inicialmente por la Comisión
Apicultura. Se mantiene la cofinanciación al 50% en los programas de mejora
Jóvenes. Obligación de destinar un 2% del sobre para este colectivo
Fuente: elpais.com
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