La Ley del Olivar, primera norma que se aprobó en Europa para un cultivo específico, ha entrado en punto muerto. La Junta de Andalucía ha decidido aparcar el desarrollo de esta ley hasta que se conozcan las perspectivas financieras para la comunidad dentro de la nueva Política Agraria Común (PAC) que, en el mejor de los casos, no se conocerán hasta el último trimestre del próximo año si es que no hay una nueva prórroga.
La Ley del Olivar, aprobada por el Parlamento Andaluz el 28 de septiembre de 2011, preveía más apoyo público para un cultivo del que Andalucía ostenta el liderazgo mundial, con casi un 40% de la producción de aceite de oliva. Sin embargo, tampoco los presupuestos andaluces para 2013 prevén consignación alguna para esta norma. De hecho, aún no se ha aprobado el Plan Director del Olivar, su principal instrumento y el que debe definir las estrategias para el fomento del sector oleícola.
El consejero de Agricultura, Luis Planas, ha justificado este miércoles en Jaén el retraso en la aplicación de esta ley: “Parece inteligente ajustar la norma a las perspectivas financieras de la PAC para el periodo 2014-2020, hacerlo ahora sería temerario”. En la actualidad, el olivar acapara más de la mitad de los 1.600 millones en ayudas directas anuales que reciben los agricultores andaluces de Bruselas, pero esa cantidad está seriamente amenazada tras el recorte presupuestario anunciado en el último Consejo Europeo de Agricultura.
La ausencia de instrumentos financieros no ha impedido, sin embargo, que hoy se haya constituido el Consejo Andaluz del Olivar, otro de los órganos contemplados en la ley aprobada por la Junta. Está formado por 26 miembros representativos del sector oleícola, desde productores a consumidores pasando por expertos y organizaciones agrarias. En su primera reunión se abordó, precisamente, el impacto que puede tener para Andalucía la reforma de la PAC. Con todo, Luis Planas aseguró que no se contará con una foto exacta sobre el nuevo marco de ayudas antes del próximo verano. Andalucía defiende el mantenimiento del actual presupuesto comunitario, algo que se antoja prácticamente si prospera la propuesta presentada del presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. España podría perder en ese periodo hasta 25.000 millones de euros en ayudas agrarias y fondos regionales de cohesión y, según la estimación de las organizaciones agrarias, los agricultores andaluces perderían anualmente 500 de los 1.600 millones que reciben en ayudas directas.
Fuente: elpais.com
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