La Comisión Nacional de la Competencia le ha 'echado el ojo' al aceite de oliva. De hecho, el organismo vigila el sistema de precios para ver si existen alteraciones provocadas que perjudican la cadena de valor e interfieren en la ley de la oferta y la demanda, que regula el mercado.
No es la primera vez que la Comisión Nacional de la Competencia interviene en el sector del aceite de oliva. Durante 2006, después de recoger el fruto de una campaña marcada por las heladas y la consecuente merma de la cosecha —Jaén solo produjo 266.398 toneladas—, el organismo independiente acudió a la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca), a la Confederación Española y a otras grandes empresas oleícolas, como Jaéncoop, para ver si existía un acuerdo entre los productores para fijar un precio de venta elevado —hubo aceite a granel que se pagó a 4,18 euros por kilo—. Al final, no se descubrió nada que apuntara a que el precio estaba pactado por los productores, por lo que se entendió que la subida del valor del aceite estaba motivada por una cosecha muy corta y una demanda importante, que generaba tensiones debido a que había envasadores y distribuidores que temían desabastecer a sus clientes.
Ahora, curiosamente, la “tortilla da la vuelta” y son los productores, fabricantes, cooperativas y envasadores los que han solicitado a la Comisión Nacional de la Competencia que estudie el precio del aceite de oliva. De hecho, este organismo ya lo hizo cuando consideraba que era muy alto, por lo que ahora piden que haga lo mismo por bajo. No obstante, aunque esto está en la conciencia del sector, en la documentación aportada no se ven intenciones de “vendeta”, sino la necesidad de la intervención de la Comisión. Las tres organizaciones agrarias con implantación estatal —Asaja, UPA y COAG—, las cooperativas alimentarias y los fabricantes y envasadores —Infaoliva, Asoliva y Anierac— han remitido una carta con un informe a la Comisión Nacional de la Competencia para avisarle de que existen anomalías en el mercado y pedirle que intervenga. El sector argumenta que no entiende cómo los grandes distribuidores pueden darle a los consumidores un precio más barato del que manejan en las operaciones en las cooperativas y almazaras y, también, en las industrias que se dedican a la elaboración. De ahí que apuntan que puede existir “venta a pérdidas” —castigada por la legislación española—, por lo que solicitan que estudie los precios e intervenga.
otras cartas. Sin embargo, la misiva que ha recibido la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia cuenta con dos copias más idénticas. Una está en el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. La otra, en el Ministerio de Industria y Comercio. Precisamente, se ha remitido al ministro Miguel Sebastián para que su departamento analice cómo funciona este sector productivo, ya que los productores, envasadores y los fabricantes están convencidos de que existen anomalías en el mercado.
Además, en las cartas remitidas a los ministerios de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y al de Industria y Comercio se pide a Rosa Aguilar y Miguel Sebastián, respectivamente, que apoyen la apertura de una investigación por parte de la Comisión Nacional de la Competencia
Fuente: diariojaen.es
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